La industria financiera atraviesa una transformación impulsada por la digitalización, las nuevas expectativas de los consumidores y la aparición de competidores nativos digitales.
Entidades tradicionales que, durante décadas dominaron el mercado, hoy compiten con fintechs y plataformas tecnológicas capaces de ofrecer servicios financieros ágiles, personalizados y completamente digitales.
Ante este escenario, bancos y demás entidades financieras están acelerando la modernización de sus infraestructuras tecnológicas para integrarse a ecosistemas digitales cada vez más abiertos.
La adopción de arquitecturas basadas en nube, APIs y plataformas de datos se ha convertido en una prioridad estratégica para responder con rapidez a las nuevas demandas del mercado y desarrollar servicios innovadores.
Sin embargo, la transformación no responde únicamente a factores competitivos. En distintos mercados del mundo, los reguladores han impulsado marcos de Finanzas Abiertas con el objetivo de fomentar una mayor competencia, promover la innovación, aumentar la transparencia y fortalecer la seguridad en las transacciones digitales.
Europa fue pionera con la regulación PSD2, que abrió el camino para que terceros autorizados accedieran, con consentimiento de los usuarios, a información financiera y servicios de pago. Iniciativas similares se han desarrollado posteriormente en Australia, México, India y otros países, consolidando una tendencia global hacia ecosistemas financieros más interoperables.
Colombia se suma ahora a este proceso mediante el Decreto 0368 de 2026, que establece las bases para el intercambio seguro de información financiera entre entidades autorizadas. El modelo busca reducir las asimetrías de información existentes en el mercado y otorgar a los consumidores un mayor control sobre sus datos, al tiempo que impulsa el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros.
Para las entidades financieras, el desafío va más allá del cumplimiento regulatorio. La apertura de datos obliga a modernizar sistemas heredados, fortalecer los mecanismos de identidad digital y ciberseguridad, habilitar arquitecturas de integración basadas en APIs y acelerar la adopción de plataformas tecnológicas que permitan compartir información de manera segura y escalable.
Los expertos coinciden en que las Finanzas Abiertas redefinirán la relación entre bancos, fintechs y clientes. Si históricamente las entidades financieras concentraban la información de sus usuarios, ahora deberán competir en un entorno donde los consumidores podrán autorizar el uso de sus datos para acceder a experiencias más personalizadas, comparar ofertas y gestionar sus finanzas desde múltiples plataformas.
En este nuevo escenario, la capacidad de aprovechar los datos mediante analítica avanzada e inteligencia artificial será un factor determinante para diferenciarse. El reto para los bancos ya no será únicamente custodiar la información, sino convertirla en una ventaja competitiva que les permita ofrecer servicios más relevantes y mantener una relación cercana con sus clientes.
El objetivo de las Finanzas Abiertas no es únicamente compartir información. La Superintendencia Financiera ha señalado que el modelo busca reducir las asimetrías de información y fomentar una mayor competencia en el mercado. Esto abre la puerta para que bancos y fintechs desarrollen productos más personalizados, aprovechen capacidades de analítica avanzada y construyan nuevas experiencias digitales basadas en datos autorizados por los clientes.
Para proveedores tecnológicos como Red Hat, la verdadera oportunidad está en ayudar a las entidades financieras a transformar esos datos en inteligencia de negocio, apoyándose en herramientas de analítica e inteligencia artificial que permitan generar ofertas más precisas y mejorar la experiencia del usuario.
Desafíos
Uno de los desafíos más complejos será la gestión del consentimiento del usuario. El modelo colombiano establece que, aunque un tercero solicite acceso a la información, la entidad financiera que custodia los datos debe verificar y confirmar la autorización del cliente antes de compartirla.
Este proceso requiere plataformas robustas de gestión de identidades y accesos (IAM), capaces de autenticar usuarios, administrar permisos y garantizar trazabilidad en cada intercambio de información.
La regulación también exige mecanismos de «responsabilidad demostrada», es decir, que las entidades puedan evidenciar que los datos circulan únicamente entre actores autorizados y bajo condiciones seguras.
Para lograrlo, es importante contar con entornos tecnológicos auditables, con controles de seguridad integrados y capacidad de operar cargas de trabajo tanto en centros de datos propios como en nubes públicas.
Tecnologías como Red Hat OpenShift, buscan responder a este desafío mediante plataformas de nube híbrida que permiten aislar aplicaciones, automatizar controles de seguridad y mantener trazabilidad sobre el intercambio de información.
El desafío no es menor. Una vez que la Superintendencia Financiera publique los estándares técnicos definitivos, las entidades tendrán un plazo máximo de 12 meses para habilitar el acceso a los datos. Esto pone presión sobre los equipos de tecnología, que deberán acelerar proyectos de integración y modernización que tradicionalmente podían tardar varios años.
El uso de contenedores, automatización y plataformas de integración permite reducir significativamente los tiempos de implementación, evitando que las organizaciones deban desarrollar arquitecturas desde cero.
Más allá del cumplimiento regulatorio, el nuevo esquema de Finanzas Abiertas representa un mandato de interoperabilidad para toda la industria financiera. La norma obliga a las entidades a habilitar mecanismos estandarizados para compartir información, lo que exige modernizar plataformas tecnológicas, integrar sistemas heredados y adoptar arquitecturas basadas en APIs, y allí es donde Red Hat ha desarrollado un enfoque «Fast Start» para Finanzas Abiertas, que reúne componentes de integración, gestión de APIs, seguridad y automatización sobre una plataforma común, buscando reducir la complejidad técnica asociada a los nuevos requerimientos regulatorios.
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